Elecciones Municipales: La paradoja de las distancias y cercanías con la persona votante

Más de 6 mil personas resultarán electas en los comicios electorales de febrero 2020. Promedio de participación electoral alcanza apenas el 35% del padrón.


Por Eduardo Frajman

Ilustración: Sofía Arce


El dos de febrero del año 2020 se realizará una nueva ronda de elecciones municipales en Costa Rica. En estos comicios, los votantes adjudicarán sus cargos a 6,138 funcionarios públicos:


  • Alcaldías de los 82 cantones del país (más dos Vicealcaldías por cantón)

  • Regidurías Propietarias y en Suplencia de quienes conformarán el gobierno municipal de cada cantón (cuyo número depende del tamaño de la población de la Municipalidad)

  • Cinco Concejalías por distrito nacional (más suplentes para cada uno)

  • Intendencias y Consejalías Municipales de Distrito en los 8 casos administrativos especiales en regiones apartadas del país (cada una con su respectiva suplencia).

Esto significa que, teóricamente, cada votante inscrito en el padrón electoral tiene la responsabilidad de escoger, como mínimo, veintitrés representantes (y en los cantones más grandes hasta treinta y cinco) que se harán cargo del mantenimiento y bienestar de su comunidad.


Esto implica seleccionarles entre listas proporcionadas por un creciente número de partidos políticos: nacionales, como Liberación Nacional o Acción Ciudadana; provinciales, como Restauración Herediana o Auténtico Limonense; y cantonales, como Turrialba Primero o Somos Sarchí.


Cientos de candidatos, miles en algunas localidades. Cantidades enormes, intimidantes, hay quien diría desalentadoras. ¿Quién tiene tiempo de ponerse a estudiar el currículum de cada una de estas personas? Que levante la mano el que acaso se acuerda del nombre de los vicepresidentes de la República, o de más de un puñado de diputados.


No es de sorprenderse que históricamente la persona costarricense le ha dedicado magra atención a los comicios municipales. Durante la mayor parte del siglo XX, cuando las elecciones nacionales y municipales ocurrían el mismo día, el típico votante simplemente marcaba los nombres de candidatos que pertenecían al mismo partido del candidato presidencial de su preferencia. Así, cuando un liberacionista ganaba la presidencia, la mayoría de las alcaldías y regidurías iban a liberacionistas, y lo mismo ocurría cuando ganaba un socialcristiano.


Desde 1998 no se han dado cambios sustanciales en términos de participación, cuando se dieron importantes reformas al Código Municipal y se asignó la separación de las elecciones nacionales y municipales – con el loable fin de brindar más atención a las segundas–.


Para las elecciones del 2002, entre el 65% y el 70% de los costarricenses han votado por su Presidente y sus Diputados, mientras que entre el 33% y el 38% ha votado por Alcaldías, Intendencias y Regidurías. En el 2016, primera vez en que las elecciones municipales se dieron a cabo dos años después de las nacionales, por lo que fueron denominadas “elecciones de medio período,” el índice de participación fue 35%. Hay poca esperanza que esta tendencia cambiará en el 2020.


Consecuencias de la poca atención


La más obvia es que la persona promedio que no vota no tiene forma de elegir quién maneja la política y el presupuesto municipal. El tico que nota las deplorables condiciones de las calles de su ciudad, por ejemplo, reflexivamente culpa al presidente o a la Asamblea Legislativa, ignorando que las rutas locales están por ley bajo la supervisión y el control de las autoridades municipales.


Pocos costarricenses están al tanto que, por ley, el 10% del presupuesto nacional debe ser transferido a los gobiernos municipales, y mucho menos de la manera en que ese porcentaje es dividido entre comunidades urbanas o rurales, cercanas o lejanas a la capital, ricas o pobres.


Una segunda consecuencia negativa de la baja participación en elecciones municipales es que amaga el debate sobre asuntos de importancia local y comunitaria. Las contiendas presidenciales se concentran en un número limitado de cuestiones de interés generalizado o en los atractivos personales de tal o cual candidato. Las municipales, en cambio, por necesidad abordan temas de importancia local, que afectan de manera mucho más directa e inmediata al votante.

El proceso en un círculo vicioso: como la gente no vota, los medios de comunicación prestan poca atención a las campañas municipales; y como reciben limitada cobertura mediática, los comicios pasan desapercibidos por la mayoría y esto termina beneficiando a las elites políticas existentes.


La tercera consecuencia de la apatía general respecto a las elecciones municipales es el mantenimiento de los sistemas de poder establecidos. Sin duda el mayor beneficiario es el PLN, que a través de los años ha creado redes de movilización política mediante las cuales se ha aferrado al control de la política local en todo el país.


Como mencionado anteriormente, durante un siglo el poder local era intercambiado entre PLN y PUSC. En el 2002, cuando el Dr. Abel Pacheco fue electo Presidente, la Unidad ganó también la mayoría de las alcaldías y el resto de los puestos municipales. Desde el 2006, concomitante al colapso de popularidad de los socialcristianos, el panorama ha cambiado radicalmente. Liberación ha consolidado una dominación abrumadora en el ámbito local.


A pesar de que candidatos del PAC ganaron la presidencia en el 2014 y el 2018, y la Asamblea Legislativa ha ilustrado la fracturación partidaria a nivel nacional, Liberación controla más del 60% de las alcaldías, y proporciones similares de las regidurías y sindicalías.


Es, entonces, incorrecto considerar a las elecciones municipales como “elecciones de medio período” – es decir, como elecciones que reflejan la actitud popular respecto al desempeño del presidente o su gobierno. Mientras que la política nacional del siglo XXI difiere significativamente de la del siglo pasado, la política local se ha quedado estancada en estructuras establecidas décadas atrás.


Luchando en contra de esta inercia se encuentran los partidos provinciales y cantonales. Desde las elecciones de 1998, estos “intrusos” han aumentado gradualmente su impacto en la política costarricense. Ese año, ocho partidos locales tuvieron presencia electoral. En el 2016 fueron más de sesenta. En el 2020 serán más de cien.


En su mayoría, son organizaciones populares de base que buscan la descentralización de la política, reducir el poder de los monolitos tradicionales y propagarlo más ampliamente. Desafortunadamente, esto conlleva más partidos, más candidatos, más nombres y asuntos sobre que el ciudadano votante debe informarse, estudiar, comprender.


Esta es la gran paradoja: para cambiar, para mejorar, la política local debe hacerse más compleja, más intimidante, lo que provoca más apatía y desinterés. Resolver este dilema es uno de los grandes retos de la democracia costarricense.






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