El Estado Abierto: sociedad y parlamento

-Acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa han procurado la transformación del Estado Abierto.

- Departamento de Participación Ciudadana contribuye con la valiosa labor de señalar las tareas pendientes en parlamento abierto.

- De la misma forma, se indican retos de la sociedad civil en lo relativo a los principios de cooperación, transparencia y rendición de cuentas.


Por Juan Carlos Chavarría Herrera

La construcción de un Estado abierto y por consiguiente transparente, colaborativo y con una vigorosa participación ciudadana, no es una opción, es una necesidad reconocida a nivel internacional por la mayoría de los Estados democráticos para lograr mejores niveles de legitimidad social y eficacia en la gestión pública.


En el caso costarricense, la participación ciudadana en el Estado y por consiguiente en las instituciones públicas se establece en el artículo 9 de la Constitución Política, el cual dicta que: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí(1).


Este mandato constitucional debe interpretarse por parte de los gobernantes, administradores y los habitantes, como una obligación activa de promover las transformaciones institucionales y los cambios culturales, para que esta participación sea efectiva, permanente y dinámica. Además, quien tiene la potestad de legislar recibe en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio.  


A partir de lo anterior nace ese compromiso institucional con las personas para asumir a plenitud sus funciones de representación, legislación, control político y fiscalización presupuestaria, donde los habitantes son los titulares de derechos.  


La necesidad de impulsar la participación ciudadana surge ante el reconocimiento que los habitantes y organizaciones sociales que los aglutinan deben dejar de ser sujetos pasivos en la construcción e implementación de las políticas públicas, para asumir corresponsabilidad en la definición de las grandes metas que debe trazarse para un país estable en lo político, prospero en lo económico y equitativo en los social.


Vivimos en sociedades fragmentadas en diversos actores sociales con expectativas variadas y hasta contradictorias, donde la incidencia en la toma de decisiones y ejecución de las mismas a nivel político ya no es monopolio de los partidos políticos e instituciones públicas.


Existen actores a nivel de organizaciones de la sociedad civil y sector privado que hoy juegan importantes papeles de influencia en las definiciones políticas y relaciones de poder en la sociedad, hecho que coloca a los partidos políticos en la disyuntiva de seguir aplicando la vieja forma de hacer política o una nueva: más democrática, transparente, inclusiva y participativa.


Las complejidades de las sociedades actuales, así como la proliferación de las redes sociales y medios de comunicación, formales y no formales, obligan a nuevas formas de gobernar participativas y colaborativas, pero sobre todo a que las estructuras institucionales y políticas sepan escuchar y buscar acuerdos sociales.


El Estado Abierto: su marco legal y un abordaje histórico


  • Constitución Política de la República de Costa Rica arts. 9, 27, 30, 105

  • Convenio Marco para promover un estado abierto de la República de Costa Rica entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.

  • Declaración sobre Transparencia Parlamentaria.

  • Hoja de ruta hacia la apertura legislativa, ParlAmericas.

  • Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense Basado en Sitios Web 2016.

  • Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) 2016. 

  • Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, N° 8220

  • Ley de Regulación del Derecho de Petición, N° 9097

  • Ley General de Administración Pública, N° 6227

  • Ley Regulación del Referéndum, N° 8492

  • Ley de Iniciativa Popular, N° 8491

  • Acuerdos del Directorio Legislativo


El Informe OECD, 2003 define el Estado Abierto a partir de : “…  los principios del buen gobierno comúnmente aceptados, cabe reseñar la apertura, la transparencia y la obligación de rendir cuentas; la objetividad y la equidad en el trato dado a los ciudadanos, con especial mención de los mecanismos de consulta y participación; la existencia de unos servicios eficaces y efectivos; la instauración de legislaciones y normativas claras, transparentes y fácilmente aplicables; la coherencia en la elaboración de las políticas públicas; el respeto del Estado de Derecho; y el seguimiento de estrictas pautas de comportamiento ético.(2)


El mismo informe, indica que para instaurar un gobierno abierto es importante desarrollar los tres siguientes principios fundamentales:


  • La obligación de rendir cuentas significa que debe ser posible identificar a los funcionarios públicos y exigirles que se responsabilicen de sus actos.


  • La transparencia implica que los ciudadanos deben disponer de información fidedigna, pertinente y oportuna sobre las actividades que realizan los poderes públicos.


  • La apertura, por último, supone el que los poderes públicos escuchen a ciudadanos yempresas y tengan en cuenta las sugerencias de éstos a la hora de elaborar y aplicar las políticas públicas (3).


En términos de definición,  como lo ha dicho Oscar Oszlak  (2016) (4) “hoy en día, no sólo el Poder Ejecutivo sino también los demás poderes del estado, como el legislativo y el judicial, así como otras instituciones públicas o paraestatales, muestran una voluntad semejante de hacer más transparente su gestión o promover la participación ciudadana, con lo cual crece la evidencia para suponer que la tendencia se irá extendiendo crecientemente hacia estos otros ámbitos institucionales. Para diferenciarse, cada una de estas instancias está adoptando un término específico, como “parlamento abierto”, “congreso abierto”, “justicia abierta”, entre otros.


Los países de América Latina han implementado importantes reformas de gobierno abierto durante los últimos años. La combinación de los esfuerzos a nivel nacional con el soporte que los países han obtenido por parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) ha sido benéfica para lograr avances cruciales en diversas áreas relacionadas al gobierno abierto. Uno de los principales antecedentes del actual movimiento global de Parlamento Abierto, es la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), lanzada en 2011.


Posteriormente, en 2012 inicia la iniciativa Opening Parliament (OP), donde organizaciones de monitoreo legislativo, organizaciones civiles y parlamentos colaboran y comparten buenas prácticas de apertura legislativa.  


Ese año se suscribe la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria con el aporte de 76 organizaciones y 53 países, así como la “Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad en parlamentos y partidos políticos”.  


Durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas celebrada el 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes del mundo adoptaron la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye en el Objetivo 16.10: “Asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales”.


Todo lo anterior facilitó que en el ámbito latinoamericano se creara la Red Parlamentaria Interamericana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Probidad para promover estándares de transparencia, integridad parlamentaria, probidad y apertura a los habitantes. La promoción de estas áreas se haría en la región a través de reuniones y acuerdos para implementar las herramientas o buenas prácticas que se difundieran.  


En 2015, esta Red Parlamentaria se establece bajo la estructura de ParlAmericas con el objetivo de fortalecer su institucionalidad. Esta Red está formada por parlamentarios y parlamentarias de países del Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.


Ese mismo año, el Presidente de la Asamblea Legislativa firmó, junto a los Presidentes de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones, el acuerdo por la construcción de un parlamento abierto. Asimismo, en el año 2017 se firma un Convenio Marco entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de promover en el país un Estado Abierto (5).


Según se expone en el Convenio Marco, todos los poderes han ido asumiendo compromisos para promover la participación y la colaboración de la ciudadanía, así como para brindar transparencia en sus ámbitos de acción; además, este instrumento permite establecer nuevas responsabilidades.


Como parte de los compromisos asumidos por el Poder Legislativo costarricense, a razón de la firma del mismo, se puede considerar la necesidad de:


  • Promover la co-creación e implementación de una política de Parlamento Abierto en forma ampliamente participativa con diferentes organizaciones de la sociedad civil que considere la participación como un derecho humano fundamental y que por consiguiente debe ser inclusiva para los grupos sociales más vulnerables.


  • Fortalecer y brindar el respaldo administrativo en los esfuerzos que se han realizado por las diferentes instancias legislativas en materia de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y colaboración con la ciudadanía.


  • Promover la innovación de instrumentos tecnológicos a partir de la plataforma que brinda el nuevo Portal Legislativo para lograr una mayor interacción entre la ciudadanía y la Asamblea Legislativa, la cual incluya no sólo acceso a la información sino también la participación y colaboración activa en el proceso legislativo.


  • Promover una cultura institucional y ciudadana de la participación, transparencia y colaboración para lo cual fortalecer los programas de formación e información sobre el quehacer legislativo dirigido a diferentes sectores poblaciones y etarios, con particular énfasis en aquellos dirigidos a empoderar la población y utilizar los mecanismos de incidencia que dispone la ciudadanía en la Asamblea Legislativa. (Solís, R y otros. 2017. Pág. 6)


El Parlamento Abierto es una nueva forma de interacción entre las personas y los poderes legislativos, que fomenta la apertura y transparencia de los parlamentos con el fin de garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y altos estándares de ética y probidad en la labor parlamentaria.


Por su lado, la Hoja de Ruta de ParlAmericas elaboró un conjunto de compromisos que todos los parlamentos signatarios apoyan con el fin de lograr los objetivos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Estos compromisos se estructuran en torno a estos cuatro pilares estrechamente interrelacionados: transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad.


Con la incorporación del término Gobierno Abierto en las actuaciones de los gobiernos centrales, surge también la necesidad de implementar su uso en diversas instituciones políticas y actores públicos, en la búsqueda de promover la transparencia y la apertura de datos a la ciudadanía y otros actores, por lo que los esfuerzos por su implementación han estado presentes tanto en espacios de discusión entre gobiernos nacionales, como en otros niveles de las administraciones.


Estos esfuerzos pretender dar cumplimento a los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública (numerales 27 y 30 de la Constitución Política), fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa.


De igual manera, debe destacarse el interés por involucrar a la ciudadanía y otros actores, tomándose en consideración las percepciones ciudadanas en las decisiones y políticas adoptadas, así como se promueve una cultura de participación y de ejercicio de derechos en todas las fases del proceso político.


De manera conjunta, los Poderes de la República generan compromisos para:


  • Promover una cultura nacional de ética, transparencia y rendición de cuentas, con el fin de construir un modelo de Estado Abierto.

  • Dar continuidad a las acciones conjuntas, para de asegurar resultados a largo plazo.

  • Aprovechar los recursos humanos y financieros existentes, para promover las políticas institucionales de Estado Abierto y los procesos de formación y capacitación.

  • Impulsar reformas necesarias a la normativa anticorrupción y abordar, mediante diferentes métodos, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente.

  • Fortalecer las plataformas y sitios web de las distintas instituciones, a fin de facilitarle a la ciudadanía el acceso a la información pública. (Solís, R y otros. 2017. Pág. 8)


Todos estos compromisos individuales y en conjunto se tornan sustanciales para establecer transformaciones en las formas de acción de las autoridades y en la participación ciudadana, donde la co-creación de procesos entre ambos actores adquiere cabida en las decisiones adoptadas; así como se busca implementar avances en la eficiencia y transparencia de la labor desarrollada.


El Directorio Legislativo (2015-2016), en conjunto con el grupo de la sociedad civil Alianza por una Asamblea Abierta (AAA), integrada por las organizaciones o colectivos: Abriendo Datos Costa Rica, ACCESA, Costa Rica Íntegra, Iplex y Ojo al Voto, impulsaron un plan para promover la adopción de los principios de Parlamento Abierto.  


Desde el punto de vista político tres han sido los factores de éxito en esta materia:


  • Primero, la alta disposición de los Directorios Legislativos (2015- 2016 y 2016-2017);

  • Segundo, el compromiso firmado por todos los jefes de fracción para dar continuidad a la propuesta de Parlamento Abierto;

  • Tercero, el compromiso firmado por los Presidentes de los Supremos Poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a favor de la consolidación de la figura de Estado abierto. Proceso que es apoyado por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).


Como parte de ese primer plan de acciones el Directorio Legislativo y la AAA dieron énfasis a la capacitación de funcionarios del área administrativa y a la construcción de algunos productos que se tradujeron en una nueva visión del Parlamento.  


Para 2016, el Portal Legislativo tuviera un avance significativo en dos diferentes evaluaciones que se realizan a sitios web de instituciones del Estado. Uno el de la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) y el otro del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) junto con Radiográfica Costarricense (RACSA).


En el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense del 2016 de la Defensoría de los Habitantes y el CICAP, se midió la transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas. Se evaluaron 206 instituciones. La Asamblea Legislativa se ubicó en el puesto 18, subiendo 9 lugares con respecto al año anterior.  


En el estudio "Índice de experiencia pública digital 2016" que realiza todos los años el INCAE y RACSA, el portal de la Asamblea Legislativa de 172 sitios web analizados tuvo un impresionante avance al pasar del puesto 117 en el 2015 al lugar 13 en el 2016. Este índice analiza tres calidades de los sitios de las entidades públicas: calidad de la información, el medio digital y la interacción con los usuarios.


Se destaca también el estudio del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) que en el 2016, ubicó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el primer lugar de las naciones evaluadas con un 72%, le sigue en ese Índice Chile con un 64 % y Paraguay con un 62 %. Las recomendaciones de la sociedad civil representada por la Alianza para una Asamblea Abierta (AAA) fueron fundamentales.


La Asamblea Legislativa por el momento ha desarrollado, en conjunto con la sociedad civil, dos planes de acción, en la actualidad está pendiente la construcción de una política de parlamento abierto en acatamiento del acuerdo aprobado por el Directorio Legislativo, en sesión ordinaria No. 131-2016, de 6 de setiembre de 2016, artículo 2, del Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa, 2017-2021 que se ha denominado Plan del Bicentenario, el cual orienta el proceso de modernización del Parlamento y la conformación de un Estado Abierto.


El aporte del Departamento de Participación Ciudadana


Desde su origen como Oficina de Iniciativa Popular, y posteriormente en su transformación como Departamento de Participación Ciudadana, este órgano administrativo ha entendido el importante compromiso que posee para propiciar una mayor incursión ciudadana en las labores desarrolladas por sus representantes en el Parlamento, así como para complementar su actuar con el uso de medios tecnológicos que le permitan un mayor acceso y posibilidades de interacción con la ciudadanía.


La legítima participación ciudadana debe brindarle a la ciudadanía la oportunidad de ser escuchados y ser incluidos en las decisiones que innegablemente le impactará de una u otra forma; siendo la formulación de las leyes quizá el proceso de toma de decisiones de mayor trascendencia en la vida democrática de las naciones; resulta imperante que la Asamblea Legislativa tome decisiones y emprenda las acciones necesarias para fortalecer la participación ciudadana en los diversos procesos legislativos, a saber: formación de la ley, ejercicio de control político, nombramientos y aprobación de presupuestos de la República, conforme a las competencias que le asigna la Constitución Política. (DEI, 2011, pág. 5)


Su actuación se orienta a mantener un fuerte y constante vínculo de la ciudadanía en torno al quehacer legislativo, donde el uso de medios acordes al avance tecnológico ha sido sustancial para responder a las demandas de los usuarios.


Asimismo, con el uso de estas herramientas se ha logrado recopilar de mejor manera distintos datos y facilitar su acceso; en este punto, deben retomarse los aportes del Portal Legislativo para promover la comunicación de una manera rápida y desde cualquier lugar del mundo.


Sobresale el uso del Sistema de Información Legislativa (SIL), en el cual puede encontrarse información relativa a iniciativas populares, el trabajo de los diferentes órganos de la institución, los textos de los proyectos, informes y leyes que se originan en la institución, así como el avance de estos en la vía legislativa, entre otros.


La introducción de estos medios y otras herramientas tecnológicas, ha conllevado a un proceso de cambios en la labor del Departamento, lo cual ameritó el desarrollo de evaluaciones y mejoramiento sobre su uso; al mismo tiempo, esta variación en las formas en que se desarrollan los procesos ha permitido una mayor transparencia y rendición de cuentas, siendo posible brindar gran cantidad de información sin necesidad de realizar arduos procesos de consulta en distintas oficinas, así como permite acceder a datos antiguos, presentándose como un importante avance.


En torno a los procesos de formación y capacitación, el Departamento ha incorporado la transmisión de sus actividades por medios como Facebook Live, con lo cual es posible llevar las distintas actividades realizadas a mayor cantidad de usuarios, e incluso ubicados en zonas lejanas, propiciando la participación e interacción de personas que por recursos, tiempo u otros factores, se les imposibilita ser partícipes de los diversos procesos efectuados en la capital del país.


Otros espacios, como las audiencias ciudadanas, buscan la facilitación y resolución de problemas locales mediante la co-creación de distintos actores vinculados, así como el desarrollo de actividades como las jornadas cívicas legislativas, desde las que se propicia un mayor acercamiento entre representantes y representados, mediante la descentralización de las labores.


Todos estos ejemplos permiten evidenciar los esfuerzos de Departamento por acercar más a ambos sectores, así como para generar espacios que favorezcan una interacción, con posibilidad de generar aportes para el bien colectivo.


De esta manera, deben destacarse los esfuerzos realizados por el Departamento para incorporar mecanismos novedosos para el cumplimiento de sus responsabilidades, tanto informativas como formativas, así como por acrecentar la vinculación entre las y los legisladores con la ciudadanía.


Como resultado de estas acciones realizadas por el Departamento, así como por los compromisos asumidos por otras instancias legislativas, el Parlamento Costarricense ocupó el primer lugar dentro del Índice Latinoamericano de Transparencia en el año 2016.


Estas actuaciones reflejan la importancia de este Departamento para la instauración de un Parlamento Abierto en Costa Rica, reflejándose que el DPC se ha posicionado como un medio de vinculación entre los representantes y los representados, pero más allá de esta conexión, se destaca que el objetivo fundamental ha sido permitir la participación social activa, mediante un creciente ejercicio de sus derechos y deberes.


Tras un largo proceso de ajustes, incorporación de proyectos y de construcción conjunta, la Asamblea Legislativa logró consolidar un espacio dirigido a la ciudadanía, desde el cual se les brinda la posibilidad de intervenir de manera activa en las decisiones que adoptan sus representantes, pero que además, aporta al empoderamiento de individuos y colectivos para el ejercicio de sus derechos políticos.  


La labor del Departamento ha conseguido establecer una mayor vinculación entre la ciudadanía y el Parlamento, así como ha propiciado el reconocimiento recíproco entre ambas partes. De tal forma, se ha avanzado en revertir el desinterés ciudadano hacia la gestión del Poder Legislativo mediante la realización de actividades de distinto tipo donde, además de propiciarse un creciente acercamiento ciudadano con el Parlamento, ha permitido un mayor conocimiento sobre su funcionamiento y la labor desarrollada.


Debido al limitado presupuesto institucional percibido, el Departamento ha debido recurrir a entes externos para lograr financiar los distintos procesos que se desarrollan. Vale mencionar en este caso el apoyo trascendental de organizaciones e instituciones como la Fundación Konrad Adenauer (KAS), MEP, las Universidades públicas y privadas del país, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y otras organizaciones no gubernamentales, quienes han aportado recursos, tanto económicos como materiales, que han sido fundamentales para el desarrollo exitoso de los distintos procesos.


Tareas pendientes en Parlamento Abierto


Se asume que la información, el funcionamiento y los resultados de los procesos parlamentarios deben estar abiertos al escrutinio y participación de los ciudadanos. Ello implica entonces, cualificar la función de representación, pasando el Parlamento de ser “puente de traslado de demandas” a ser un “puente para la conformación de la cosa pública”.


En términos simples, Parlamento Abierto refiere a un nuevo modelo de relación entre los habitantes y Asamblea Legislativa, que definitivamente implica modernización de la administración pública y que envuelve al menos cinco prácticas:


  • Una comunicación proactiva y amplia del quehacer legislativo;

  • Un acceso libre para cualquier persona a los documentos públicos, procedimientos y actividades legislativas y administrativas;

  • Una inclusión sistemática de los habitantes en la formulación, discusión y elaboración de la legislación y control político, que permita un intercambio de opiniones constante y una toma de decisión basada en las necesidades y preferencias de los interesados, 

  • Un ejercicio de co-creación y colaboración entre funcionarios, habitantes y legisladores en el desarrollo de ideas y soluciones para una mejor gestión del Congreso, 

  • Un aprovechamiento de la tecnología e innovación metodológica para garantizar los cuatro puntos anteriores.


Abrir las puertas de la información, facilitando el acceso a los documentos, datos y al quehacer propio del Parlamento, es una decisión necesaria, para la recuperación de la confianza y el fortalecimiento de la democracia; son tareas pendientes en ese sentido. También lo es responsabilidad activa en promover la participación, colaboración, transparencia, rendición de cuentas e innovación, así como mejorar la interacción con los habitantes en los procesos de legislar y control político.  


Se debe recordar que desde los años 60 la Asamblea Legislativa ha impulsado diversas iniciativas para fortalecer su relación con los habitantes. Transmisiones de radio, creación de departamentos especializados, emisiones de televisión, creación de leyes como la de iniciativa popular, fortalecimiento del uso de internet para visualizar su labor por medio de su página y redes sociales.


A manera de cierre: cooperación, transparencia y rendición de cuentas

La Asamblea Legislativa ha implementado la política de transparencia y acceso a la información, a través de una serie de acciones tendientes a internalizar este derecho en el poder legislativo. Es así como, además de los perfeccionamientos introducidos en la Constitución Política, el 2014 se crea y entra en funciones el Departamento de Participación Ciudadana, y el 2015 se firma la declaración de Parlamento Abierto junto con Sociedad Civil.  

Se desarrolló un proceso propio de Plan de Acción de Parlamento Abierto, ya contando con un segundo plan hacia el 2016. El 2017 se desarrolla el Portal Legislativo de Datos Abiertos, y el 2019 se formaliza la política de Parlamento Abierto, reforzando los procesos de trabajo en transparencia, derecho de acceso, y participación ciudadana.  


Es posible evidenciar que Costa Rica avanza en la implementación de políticas públicas de transparencia, de manera segmentada a través de las acciones particulares de cada poder del Estado, y los órganos autónomos, entre otros.  Llama la atención, además, que en función del perfil de las instituciones analizadas han logrado generar una cartera de proyectos, o funciones permanentes que no se superponen, sino más bien que ayudarían a fortalecer la política mediante acciones de conexión y coordinación entre las mismas.   


Bajo este mismo prisma, las debilidades surgen al no poder contar con una visión general del funcionamiento del sistema de acceso a la información pública, ya que se desconoce la articulación de estas acciones y sus resultados, e impactos en el análisis conjunto. Si bien, los planes de gobierno abierto contemplan la intervención de todos los poderes del Estado y demás actores estratégicos, la evaluación de acciones sigue siendo particular a los proyectos que se implementan.


Las acciones de menor avance se encuentran en el ámbito de la regulación, donde no se cuenta con una Ley de Marco o General que regule el derecho de acceso a la información pública para Costa Rica, a pesar de los esfuerzos ya realizados. Costa Rica en este sentido, y a nivel de los países de América Latina, es uno de los morosos en esta materia, junto con Venezuela, Cuba, Suriname, Bolivia y Haití.


Finalmente, el Departamento deberá seguir trabajando en la generación de espacios, tanto presenciales como digitales, que permitan a la ciudadanía tener mayor conocimiento sobre los procesos que se efectúan a lo interno del Parlamento,  así como mantenerse constantes en la lucha por mejorar la imagen de la gestión realizada por la Asamblea Legislativa; por lo cual, asumir compromisos para constituir el Parlamento costarricense en un Parlamento Abierto deberá de posicionarse como uno de los principales pilares del órgano.




 (1) Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (1949). Constitución Política de la República de Costa Rica.

(2) OECD, 2003 Véase ,Caddy, Joanne y Vergez, Cristian.  Información, consulta y participación pública en la elaboración de políticas: instaurar un gobierno abierto en los países miembros de la OCDE. Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE.

(3) Op. Cit. Informe OCDE, 2003

(4) Entrevista a Oscar Oszlak, investigador, profesor, consultor y expositor internacional en

materia de Estado, administración pública y análisis político y organizacional. En Boletín e-Gobierno Red GEALC, “Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe” agosto, 2016. Edición 116.  Recuperado http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=5O1bsIywZus%3D&tabid=1729

(5) Solís, L; Alfaro, J; Villanueva, Z; y Sobrano, L. (2017). Convenio Marco para promover un Estado Abierto de la República de Costa Rica entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. San José, Costa Rica. Disponible en https://presidencia.go.cr/wp-content/uploads/2017/03/Convenio-Estado-Abierto-Versio%CC%81n-Oficial.pdf





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