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El financiamiento de las Elecciones Municipales: Consideraciones futuras

- Partidos provinciales y cantonales se ven en desventaja con respecto a los nacionales.


- TSE otorgó 15 mil millones menos para financiamiento de elecciones municipales con respecto a nacionales.

Por Amalia Amador Fournier


El pasado domingo 2 de febrero de 2020 se realizaron las elecciones municipales en los 82 cantones del país. Se escogieron 6.138 puestos, entre ellos alcaldes, regidores, síndicos y demás miembros que ocuparán puestos de elección popular a nivel cantonal y distrital.


Debido a que su implementación como proceso independiente de las elecciones nacionales, o bien de “medio término”, es relativamente reciente, aún se presentan desafíos importantes; entre ellos el financiamiento político.


El modelo de financiamiento de partidos en Costa Rica es mixto, en otras palabras, las fuentes de ingresos de los partidos políticos incluyen tanto recursos públicos como privados.  Sin embargo, existen diferencias entre el financiamiento de partidos para las elecciones nacionales y el acceso a recursos para las elecciones municipales.


El financiamiento público es la contribución estatal para los partidos políticos con varios fines, entre ellos, garantizar, en la medida de lo posible, condiciones de equidad durante la contienda electoral, promover que la ciudadanía se postule en los puestos de elección popular, contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos, y evitar los conflictos de interés y la entrada de dinero ilegal en el proceso democrático. Esta contribución es la comúnmente conocida como “deuda política”.


De acuerdo con el Código Electoral, el financiamiento privado de un partido político es toda contribución que realice una persona física de manera directa en dinero efectivo, valores financieros o bienes inscribibles. Está totalmente prohibida la contribución que implique algún beneficio para los partidos políticos, por parte de personas jurídicas y extranjeros (ya sea como personas físicas o jurídicas).


Como entidades foráneas, solamente las organizaciones internacionales abocadas al desarrollo de la cultura, participación política y fortalecimiento democrático, debidamente acreditas como tales por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pueden tener incidencia en los partidos políticos mediante la colaboración en procesos de capacitación para asegurar el fortalecimiento de los partidos políticos.


Estas definiciones aplican tanto en elecciones nacionales, como en las locales. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes en cuanto al acceso al financiamiento público que denotan diferencia entre ambos procesos, y que pueden, incluso, incidir, en el acceso o la búsqueda de financiamiento privado. Según el artículo 91 del Código Electoral, para los comicios municipales, el Estado contribuirá con un 0,03% del Producto Interno Bruto (PIB), a los gastos que incurran los partidos políticos que cumplan con las reglas establecidas en el código y la Constitución Política. Mientras tanto, para las elecciones nacionales se destina el 0,11 % del PIB del año trasanterior.


Para acceder al financiamiento público los partidos que estén involucrados en las elecciones locales deben obtener al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos para alcaldes o regidores en el cantón correspondiente, o al menos, lograr la elección de un regidor. La distribución se realiza de acuerdo con lo establecido por la ley, además de que, para acceder finalmente a los recursos, deben cumplir con lo establecido en relación con la comprobación y liquidación de gastos.


Otro aspecto importante de mencionar sobre el acceso a la contribución estatal es que en las elecciones de gobiernos locales no existe la figura del financiamiento anticipado, que sí se da en las elecciones nacionales en un 15%.


¿Cómo afecta el acceso al financiamiento estatal a las elecciones locales?


Para este proceso, el TSE presupuestó ¢9.368 millones como parte de la deuda política, en comparación con los ¢25 mil millones presupuestados para el proceso a nivel nacional que se efectuó en febrero de 2018.


Es importante mencionar que sí hubo un incremento en comparación con el financiamiento de las elecciones municipales de 2016 (que fue de ¢6.805 millones), pero siempre es una cifra baja en comparación con las nacionales, especialmente si se considera la cantidad de partidos que están involucrados en ambos procesos.



Es ahí donde radica el principal reto de las elecciones municipales, pues los partidos locales que participan en estos procesos, se ven en desventaja con los partidos de escala nacional que han tenido acceso previo a financiamiento público a través de las elecciones nacionales y que de por sí, ya están consolidados en el imaginario colectivo.


En otras palabras, los partidos a escala cantonal tienen que descifrar estrategias más efectivas, menos costosas para posicionarse como una opción y comunicar sus ideas, haciendo más difícil la consecución del 4% de los votos emitidos o la elección de una persona representante en la regiduría.


Además, como se mencionó anteriormente, los partidos no tienen acceso a un porcentaje de la contribución pública con antelación, por lo que tienen que realizar una inversión propia más importante.


Esto se convierte en un ciclo vicioso, en el que las asimetrías en el acceso de financiamiento entre partidos de escala nacional y los cantonales, atenta contra la participación de la ciudadanía y la pluralidad del sistema de partidos. Y eventualmente, afecta también la búsqueda de financiamiento privado, sin garantizar que este no sea utilizado como moneda de cambio, para tráfico de influencias, o incluso que su procedencia sea ilegal.

Aunque el TSE realiza un trabajo exhaustivo para evitar que los ingresos del financiamiento privado tengan esos fines, se sabe que su fiscalización efectiva es compleja, precisamente por la cantidad de partidos políticos y puestos de elección popular que están contienda, y porque de alguna u otra, cada uno de los 82 procesos electorales tienen sus particularidades.

No es algo fácil de abordar. El país en estos momentos tiene una importante deuda pública, los partidos políticos no gozan de gran apoyo entre la ciudadanía, la idea del dinero sea estatal o privado en la política tiene una percepción negativa por parte de las personas (aunque, lo cierto es que es necesario) y, los resultados en la participación electoral reciente no son exactamente los que justifican mayor inversión en este rubro (aunque bien, se puede estar ante un dilema del huevo y la gallina).


 No obstante, si se desea mejorar las elecciones municipales –ahora con miras a los comicios de 2024- y fortalecer el sistema democrático, asegurando la participación de la ciudadanía en puestos de elección y la pluralidad de ideas, es necesario revisar el financiamiento y las asimetrías actuales en su acceso.