Noticias falsas y libertad de prensa: ¿Hasta dónde llega el derecho de expresión?

La persona profesional en Periodismo debe tener claro el objetivo con el cual redacta una nota. Más allá de opiniones, la verificación de datos y hechos es una tarea fundamental para la salida de información veraz y congruente.

Por David Delgado Cabana


Ilustración: Sofía Arce

La recién –pero vieja– discusión de si los ciudadanos debemos tener o no un título académico para ejercer el periodismo, tal y como lo resolvió la Sala Constitucional en el voto N.° 2019-15039, ha nublado en esencia otra discusión necesaria: que periodistas titulados y periodistas intitulados estamos obligados, por igual, a garantizar un valor superior a la toga y el birrete: la verdad.


Podemos desagregar la libertad de expresión en tres esferas: pensamiento, opinión e información, pero solo esta última debe responder a la verdad. El pensamiento se refiere a ese ámbito interno que engloba nuestros valores, ideas, criterios y juicios; la opinión se materializa cuando tenemos la posibilidad de expresar y recibir de forma libre el pensamiento y, finalmente, la libertad de información tiene que ver con el derecho a emitir y recibir hechos –no opiniones–.


Es obvio, todas las personas, por nuestra condición misma, tenemos garantizada, desde el más alto nivel normativo, la libertad de pensar, opinar e informar lo que queramos, pero la diferencia deviene en cómo lo queramos. Por esto último, el ejercicio de esas libertades tiene sus reglas dirigidas hacia la verdad y la satisfacción del interés público, pero también, sus consecuencias ulteriores en el marco de la publicación de noticias falsas.


Como regla, en la esfera del pensamiento y la opinión, nadie está obligado a guardar veracidad. Sencillo: las opiniones soportan diversidad de juicios, ideas y pensamientos, que ciertos o no, permiten enriquecer la discusión democrática y el proceso comunicativo libre. Esta es la garantía institucional de la libertad de expresión: legitimar al sistema democrático, que debe soportar todas las opiniones, pensamientos y críticas posibles.


Sin embargo, en la esfera de la información (cuya base son los hechos), se encuentra el derecho a emitir y recibir informaciones veraces, que responden a la debida diligencia del periodista –el que tiene título y el que no lo tiene–, cuya labor informativa estará en armonía con principios constitucionales si tales informaciones, al ser sometidas a prueba y al confrontarse con la exceptio veritatis, resultasen ciertas y demostrables.


Otra regla, además de la verdad de la información, en el caso de la libertad de prensa, tiene que ver con el interés público –no con el interés del público–, es decir, con todas aquellas informaciones que responden al bienestar de la colectividad –no al morbo o a intereses particulares–; de otro lado, la regla del equilibrio y la confrontación informativa –o fairness periodístico–, que incluye el deber de mostrar al público todas las caras de la moneda.


¿Tendrán, entonces, protección constitucional las fake news, las noticias tendenciosas o las informaciones parcializadas, cada vez más frecuentes en los medios? Desde el punto de vista teórico y dogmático, como vimos antes, los periodistas tienen el deber, y la audiencia, el derecho, a recibir informaciones veraces; por lo que sería absurdo pensar que la libertad de prensa, al margen de su orientación a la verdad, tenga un fuero constitucional.


No obstante, el ejercicio abusivo de tales libertades, por disposición constitucional y convencional, solo tendrá responsabilidades ulteriores. Ahí radica, en esencia, la importancia de echar mano de todos los instrumentos legales –razonables y que soporten el estándar internacional de derechos humanos– para combatir la propagación de la desinformación, de esas noticias falsas, tendenciosas y parcializadas que se divulgan al margen de las reglas a las que están obligados los periodistas.


En esa línea, es inconcebible prohibir las fake news, por más que dañen el sistema democrático, que minen la confianza del público, que confundan a la población, que afecten la privacidad de las personas o que instiguen a la violencia y discriminación contra grupos vulnerables.


La difusión de informaciones debe orientarse a la verdad, pero como derecho humano, los estándares internacionales son tan fuertes que aun así protegen informaciones e ideas que puedan causar consternación, ofensas o perturbaciones, por lo que cualquier prohibición vulneraría libertades inherentes al ser humano.


Desde el 2017, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y “Noticias Falsas” (“Fake News”), Desinformación y Propaganda, expresó que es incompatible con el estándar internacional sobre la restricción a la libertad de expresión, cualquier prohibición general de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos "noticias falsas" ("fake news") o "información no objetiva".

En nuestro contexto, Costa Rica debe fomentar vías útiles, pertinentes y proporcionales para responsabilizar la desinformación, no desde el proceso penal como está actualmente diseñado –pues resulta una restricción desproporcionada, violenta y amenazadora de la libertad de expresión–, sino desde el derecho civil por declaraciones, difusiones e informaciones falsas o difamatorias, previa oportunidad de demostrar si hubo debida diligencia, veracidad de la información, fairness e interés público de por medio.


La fuerza de actores estatales como el Colegio de Periodistas, si la tuviese, debería estar enfocada en echar músculo a las reformas legales correspondientes que deroguen las sanciones penales a los periodistas y se implemente un mecanismo alterno en vía civil, no en fomentar una discusión de si el título académico es garantía o no del ejercicio ético y responsable de información cuando muchos que lo ostentan, son poco ejemplares.


Los medios de comunicación, además, deberían tener vías de autorregulación cuando, por error u omisión, divulguen desinformaciones, como garantía de legitimidad y credibilidad frente a sus audiencias, así como fortalecer las vías del derecho de rectificación y/o respuesta –no como una amenaza–, sino como un mecanismo de pluralidad y equilibrio informativo.






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