Permiso laboral y convalidación de estudios dificulta empleabilidad de refugiados

Por José Pablo Román

En junio del 2020, una empresa llamó a Ana para una entrevista de trabajo, pero “al decir mi nacionalidad me rechazaron inmediatamente. No disimularon y ni siquiera me preguntaron si yo tenía permiso laboral”.

Ana es venezolana y llegó a Costa Rica buscando refugio en diciembre del 2019 y no le ha sido posible encontrar trabajo.


A pesar de que la experiencia de Ana expresa un solo caso y es insuficiente para dimensionar el desempleo en los solicitantes de refugio y las personas legalmente reconocidas como refugiadas, la Encuesta Continua de Empleo no incluye esta población, esto pese a que el país recibió 88 861 solicitudes de refugio entre el 2016 y mayo del 2020, según datos brindados por la Dirección de Migración y Extranjería (DGME).


En contraste con esta ausencia de datos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre el 2018 y el 2020, el 50% de los solicitantes de refugio y el 47,55% de los refugiados se encuentran sin trabajo. Aunque estos datos solo contemplan a las personas que acudieron a ACNUR, en el caso de los solicitantes, esta cifra representa aproximadamente al 16% del total de personas que aspiraron al refugio en Costa Rica durante ese periodo.


En Diálogos quisimos reflexionar sobre la empleabilidad de las personas refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica. Las fuentes consultadas coincidieron en que el tiempo de espera en la obtención del permiso laboral y la convalidación de los títulos universitarios son dos de los factores que dificultan la ocupación de estas poblaciones en el país.


Ana y José, otra persona refugiada que también nos compartió su testimonio, solicitaron la reserva de su identidad real.


Hasta un año sin permiso laboral


El artículo 54 del Reglamento de Personas Refugiadas establece que las personas solicitantes de refugio pueden aspirar a un permiso laboral tres meses después de la formalización de la solicitud.


La DGME le agendó la cita para formalizar su solicitud de refugio cinco meses después de su llegada: esto quiere decir que Ana va a poder trabajar en la legalidad una vez transcurridos ochos meses en Costa Rica.


“Yo decidí venirme a Costa Rica porque estaba desesperada; en Venezuela no tenía dinero ni para comprarle la merienda de la escuela a mi hija”, contó Ana.


Lo sucedido a Ana no es circunstancial. Incluso hay personas que llegan a esperar más de año y medio para obtener el permiso laboral, según Marisol Matamoros, de RET Internacional (organización aliada a ACNUR en la atención a refugiados).

Antes del 2018, los migrantes podían formalizar la solicitud de refugiado desde el primer día en el país y, tres meses después, les entregaban un permiso de trabajo.


Pero, ¿por qué ahora tienen que esperar hasta un año para obtener el permiso?


Las solicitudes de refugio pasaron de 10 533 solicitudes entre el 2016 y el 2017, a 67 385 entre el 2018 y el 2019, según datos brindados por la DGME.


Este aumento hizo insostenible la pronta atención a todos los migrantes porque “de un día a otro teníamos en la afueras de la DGME de tres mil a cuatro mil personas haciendo fila”, según relató el Jefe de la Unidad de Refugio de la DGME, Allan Rodríguez.


Ante el aumento de solicitudes, la DGME se vio en la necesidad de crear ‘un paso extra’ en el proceso de refugio: ahora el migrante debe pedir una cita para poder concretar la solicitud de refugio, lo que pospone la obtención del permiso laboral.


Matamoros, de RET, considera que la espera por el permiso laboral intensifica la vulnerabilidad de que las personas migrantes vivan en pobreza extrema y los obliga a buscar trabajos informales (sin garantías laborales).


“Las personas solicitantes de refugio, mientras no tengan permiso laboral (...) son explotados con jornadas de hasta doce horas, sin derecho a día de descanso, sin salario mínimo, sin aguinaldo, ni vacaciones, ni ningún otro derecho”, contó Matamoros.


José, refugiado venezolano y miembro fundador de una organización de apoyo a refugiados de su país, vivió lo que comentó Matamoros: trabajó en una tienda de ventas en San José en donde él, y varios de sus compañeros, eran solicitantes contratados de forma informal.


“En San José, por ejemplo, es común que en las tiendas pequeñas no les importe si uno tiene permiso laboral (…) se valen de eso para no asegurar a sus trabajadores (...) En una de esas tiendas trabajé durante un año. Ahí fueron extremadamente claros y me dijeron que no tenían para vacaciones, ni aguinaldos, ni para asegurarme”, recordó José.


Aunque el Oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR, Miguel Urbano, considera que el otorgamiento del permiso laboral es uno de los aspectos positivos con los que cuenta el proceso de refugio en Costa Rica, admite que a esta población se le dificulta encontrar trabajo aunque cuenten con el documento.


“Hay un cierto recelo del sector privado con los solicitantes de refugio. Su lógica es: ‘esta persona está en espera, ¿y si le rechazan el refugio? Lo contrato, le doy capacitación y puedo perder la inversión’”, explicó Urbano.


Para José, otro aspecto que dificulta la empleabilidad de solicitantes de refugio es la falta de conocimiento que las empresas tienen sobre el permiso laboral.


“Hemos visto (en la organización) como muchos venezolanos y solicitantes de diferentes países llegan a una empresa y cumplen con todos los requisitos, pero cuando ven el permiso laboral, se crea cierta prevención de parte del patrono porque consideran que no es un documento válido”, contó José.

“El sistema está creado para la negación del reconocimiento de los títulos”


En Venezuela, José era abogado, pero los primeros meses en Costa Rica tuvo que conformarse bañando perros y pintando casas.


Llegó a Costa Rica hace cuatro años y aún no ha podido convalidar su título universitario.


Según José, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) le exigió que sus documentos académicos estuvieran apostillados; sin embargo, al ser una persona refugiada, no tenía acceso a esos documentos.


“En Venezuela estaba fichado en lista negra. Mi mamá tuvo que intentar apostillar mis documentos académicos y, aunque esperamos un año para bajar los ánimos políticos, le fue imposible. Hasta un año después logró apostillar los documentos porque volvió a intentarlo en otra comunidad a tres horas de la nuestra”, relató José.


Esta situación por la que pasó José incumple con la aplicación del principio de ayuda administrativa contemplado en el artículo 25 de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, según Urbano de ACNUR.


La ayuda administrativa implica que las autoridades del país que da refugio apliquen las flexibilizaciones necesarias en casos donde los refugiados no pueden acceder a la información que se les solicita.


“La persona tiene que volver a tomar contacto con su país de origen, posiblemente nadie pueda hacerle ese favor porque puede que todos sus familiares estén muertos o perseguidos. Además, se fuerza a que tengan contacto con la universidad de la que salieron, y en algunos países la universidad tiene vínculos con el gobierno y esto implica que el gobierno va a saber dónde está la persona y qué está haciendo”, comentó Urbano.


José asegura que en la organización en la que trabaja actualmente cerca del 70% de colegas tienen titulación universitaria y solo el 5% ha logrado convalidar sus estudios.


“Incluso menos de la mitad de los que intentan convalidar sus títulos logran culminar el proceso porque yo considero que el sistema está creado para la negación del reconocimiento de los estudios universitarios”, comentó José.


“Muchos refugiados están cuidando carros o haciendo turnos de noche en una fábrica y tienen títulos de doctores y experiencia de varios años. En un contexto de crisis por el Covid-19, por ejemplo, hay gente que dice que quieren ayudar al país en atender la pandemia y nos transmiten una cierta decepción porque encuentran esa barrera (la convalidación de títulos)”, explicó Urbano.


  • Facebook - círculo blanco
  • Instagram - Círculo Blanco
  • YouTube - círculo blanco

Suscríbase a Nuestro Boletín

Diálogos sobre el Bienestar impulsa temas urgentes en la conversación social para entender retos y promover soluciones generadas por el expertís costarricense. DsB es liderado por FLACSO Costa Rica y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

© 2020 Diálogos sobre el Bienestar. Derechos Reservados.