La protección ambiental en Costa Rica: Luces y sombras

- Institucionalidad debilitada frente a una normativa que no corresponde al panorama actual en tema de ambiente se configura en una problemática a considerar.

- El andamiaje regulatorio inaplicado pone en situación de riesgo la conservación del medio ambiente.


Por Edgardo Araya Sibaja

Abogado ambientalista



En Costa Rica, podemos destacar intentos de protección ambiental desde la primera mitad del siglo pasado. La Ley de Cercas Divisorias y Quemas (1909) prohibía realizar quemas en un radio inferior a 200 metros de manantiales. La Ley de Aguas (1942) declaró de “reserva de dominio a favor de la Nación” todas las áreas que sirvan de infiltración para los mantos acuíferos y consolidó las áreas de protección alrededor de las nacientes.


Luego, en los 70 se inició la creación de las áreas silvestres protegidas, que hoy, a pesar del descuido y abandono estatal, siguen siendo puntos altos en el plano de la conservación y protección ambiental.


Coincide esta decisión política con el arranque de las preocupaciones ambientales en el mundo, donde no puede ignorar más que nuestros ecosistemas no tienen capacidad de sostener el modelo de producción impuesto: ese proceso tiene su culmen en 1992 con la Cumbre de Río.


En el país se refleja en la mayor producción normativa ambiental que hasta hoy hayamos tenido, y en la creación de un andamiaje institucional que aún no termina de consolidarse. Reformamos el artículo 50 de nuestra Constitución para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la posibilidad a toda la población de denunciar el daño ambiental y exigir su reparación integral. Son de este periodo la Ley Forestal, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad.  


En el plano institucional, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas fue transformado en el Ministerio de Ambiente y Energía. Refleja una aspiración de que la economía se supedite al equilibrio ambiental. Se crea el Tribunal Ambiental Administrativo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como dos pilares que pretenden encausar la actividad económica dentro de la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.


El problema principal ha sido que muchos sectores productivos siguen aparcados en la visión añeja de que la destrucción ambiental es una consecuencia inevitable del “desarrollo” y con su poder han bloqueado el fortalecimiento de esa institucionalidad.


 Basta con echarle un vistazo a los presupuestos nacionales de los últimos diez años para constatar que el ministerio que menos recursos públicos recibe, después del Ministerio de Cultura, es el MINAE. Basta con hacer un pequeño comparativo de los ingresos obtenidos por visitación de nuestras áreas silvestre protegidas, versus la inversión pública en las mismas, para darse cuenta que nuestras áreas silvestres han servido de soporte financiero a muchas otras obligaciones estatales que han sido consideradas prioritarias. Ello explica el abandono y la precariedad con la que hoy se enfrentan esas áreas silvestres y las personas que laboran en su protección.


Contrario a nuestro discurso dominante de país verde, amante de la naturaleza y del desarrollo sostenible, la inversión pública en nuestro sistema de protección ambiental es mucho más que deficitaria. El Tribunal Ambiental Administrativo está asfixiado en cantidades de trabajo inmanejables para los recursos asignados y SETENA, a merced del sector que debe regular, vive en permanente presión para relajar los controles ambientales que debe ejercer, siendo señalada una y otra vez como un “cuello de botella” de la reactivación económica.


Las Municipalidades hasta ahora empiezan a consolidar sus departamentos de gestión ambiental, pero siguen sin desarrollar el potencial que tienen, como gobierno local, de ejercer la protección ambiental integral en sus jurisdicciones y a la vez generar procesos de coordinación institucional con el Gobierno Central y las otras instituciones autónomas.


De ahí que las principales deudas ambientales que hoy padecemos sean el ordenamiento territorial, la gestión de residuos y el saneamiento. Tres áreas en que los gobiernos locales tienen relación directa y en las que no hemos sido capaces de establecer políticas de Estado que permitan una atención integral.


La gestión de residuos en nuestro país sigue siendo una bomba de tiempo que, más temprano que tarde, nos reventará en la cara. Su incidencia en la vida cotidiana y las pésimas experiencias en su tratamiento, sumado al malestar generalizado de un amplio sector de nuestra población, tiene el potencial de generar conflictos sociales de dimensiones inimaginables, si no lo atendemos con diligencia y prontitud.  Dejado al arbitrio de cada gobierno local y con un liderazgo muy débil del Ministerio de Salud, estamos lejos de una verdadera gestión integral de residuos.


La debilidad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ente público legalmente encargado de llevar adelante una política pública nacional de gestión del territorio, hace que los municipios planteen su propio ordenamiento territorial respondiendo a intereses puntuales, como si fueran islas, en un contexto en que urge una visión nacional y regional del ordenamiento.


Los planes reguladores, estancados muchos en SETENA, duermen el sueño de los justos, mientras la conflictividad y vulnerabilidad de las comunidades aumenta con la presión de la producción de monocultivos y el crecimiento urbano desmedido.  En medio, nuestro suelo, agua, bosque, vida silvestre y calidad de vida, son los principales damnificados.


El saneamiento es otro reto enorme para nuestro país. Hemos sido medianamente eficientes en la protección de las fuentes de agua; pero pésimos en su tratamiento una vez usada.  Resultado: ríos que son cloacas a cielo abierto y depósito de desechos industriales, que terminan en nuestros mares, destruyendo sus ecosistemas y atentando con la calidad de vida de nuestra biodiversidad y la estabilidad de las comunidades costeras.


Son causas de este rezago la ausencia municipal, la debilidad institucional del A y A, ente rector de la gestión del agua para consumo humano, y el poco apoyo a la enorme labor que hacen las comunidades gestionando su agua a través de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales.

 

Urge que dejemos de ser hipócritas ambientales. No hacen falta más leyes, ni instituciones, sino fortalecer lo que tenemos. Dotarlos de recursos y poder político para que tengan capacidad de imponerse a las consideraciones del mercado.


Es clave fortalecer la justicia ambiental, sea dotando de los medios necesarios para que el Tribunal Ambiental Administrativo aplique justicia ambiental pronta y cumplida, o creando la jurisdicción ambiental en el Poder Judicial, que le dé la independencia necesaria para imponerse al poder económico.


Que no tiemble el pulso para ordenar detener o demoler lo hecho contrario a la normativa ambiental, no importa cuánto dinero se haya invertido, o para castigar fuertemente a las empresas dueñas de los monocultivos que fumiguen a las comunidades o contaminen nuestra agua y obligarlas a reparar el daño.


Debe dotarse a SETENA de la independencia necesaria para que sea una verdadera secretaría técnica, que evalúe los impactos ambientales de manera objetiva, y tampoco le tiemble el pulso para denegar la licencia ambiental a cualquier actividad económica si no es ambientalmente viable.


Es necesario fortalecer la capacidad de fiscalización y control de las actividades autorizadas para ajustar, suspender o cancelar cualquier actividad económica que incumpla con la normativa ambiental, obligando a la reparación integral del daño causado.


Hay que fortalecer la capacidad del A y A, y sobre todo de los acueductos comunales, para que diseñen y operen plantas de tratamiento o filtros caseros o comunales, que permitan que el agua vuelva a sus cursos naturales en capacidad de seguir cumpliendo su función ecosistémica. Rescatar al INVU. Fortalecer su capacidad de liderar los procesos de ordenamiento territorial y gestión de riesgo.


Dar un giro definitivo en la gestión de residuos, estableciendo cuando antes la política de Basura Cero. Debemos educar a nuestra población y tomar la decisión como país de obligar al mercado a que se haga responsable de los bienes que introduce en la sociedad. Quienes los producen y venden deben ser responsables de su disposición final, a su costo. El objetivo último deberá ser que los rellenos sanitarios lleguen a ser innecesarios.


Vivimos tiempos de cambio y también de retos. Hoy se levantan fantasmas del extractivismo que creíamos superados. Vuelven las voces retrógradas a favor de la explotación petrolera y la minería metálica, estandartes de un modelo de desarrollo obsoleto, que ha contribuido en mucho al estado planetario que sufrimos. Ante eso, no podemos perder la ruta del desarrollo sustentable.  Es eso o nuestra extinción como especie en el planeta.




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