Una responsabilidad compartida que debe ser eficaz

Las mal llamadas noticias falsas se deben atacar en un entorno de respeto superior a la libertad de expresión, con defensa de una Internet libre y abierta, mediante acciones eficaces del Estado y las empresas, y aportando recursos a la prensa y a los periodistas para que cumplan con su labor

Por Yanancy Noguera


Ilustración: Sofía Arce


Celebramos que, como nunca antes, todos los ciudadanos con acceso a Internet podemos expresar lo que pensamos y podemos ser escuchados. Advertimos, sin embargo, que como se ha considerado desde hace décadas, la libertad de expresión conlleva una serie de responsabilidades y que la sociedad debe modernizarse para velar por el cumplimiento de dichas obligaciones considerando su ejercicio en entornos tecnológicos.


Las llamadas noticias falsas, que de noticias por tanto no tienen nada, son emitidas por personas y organizaciones que tienen el propósito de desinformar y causar trastorno para impactar algo o a alguien. Así debemos verlas y analizarlas.


La tecnología y el Internet, pese a los esfuerzos de resguardarlos como recursos que no deben pertenecer a nadie sino ser ampliamente abiertos, están concentrados en algunos sectores, usualmente empresas privadas, o en personas y organizaciones que tienen recursos y pueden hacer mayor uso en razón de sus objetivos y propósitos.


Tal y como lo han intentado principalmente los estados europeos, el Estado debe participar en el ordenamiento y el uso adecuado de dichas opciones, pero sin coartar o limitar el acceso, y las empresas privadas actuar con la responsabilidad propia que cada vez más se les exige en razón de su tamaño y su impacto en la sociedad. Estado y empresas pueden y deben además promover un mejor conocimiento y entendimiento de derechos y deberes del uso adecuado de la tecnología y el Internet mediante la educación.


La prensa es un actor más. Siendo el propósito de la prensa y los periodistas informar sobre hechos de interés público, cualquier cosa que se divulgue como hechos falsos debe ser sujeto a su trabajo. La ecuación parece clara y se acerca casi a cualquier otra acción económica o de negocio en la sociedad, como el agua, la electricidad, la vivienda, el crédito, pero no es simple de ejecutarse.


Algunas de las empresas que participan en el mercado haciendo uso del Internet y la tecnología están pensando y contribuyendo con el tema, pero no tan eficazmente como sería deseable. Algunas, además, no lo están haciendo del todo. Los Estados, y acá vale la pena indicar específicamente al nuestro, no están dimensionando adecuadamente la tarea.


Posiblemente la acción más importante que tenemos hasta ahora, orientada a la educación, es la del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de cara al proceso electoral de febrero próximo; la plataforma Gobierno aclara, lanzada hace algunos meses, que ha mostrado un impacto modesto.


Los ministerios del Gobierno central, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y otros actores importantes, no están trabajando de forma efectiva pues no hay propuestas concretas para atender la situación. Los medios de comunicación y los periodistas son posiblemente los más preocupados por el tema hasta ahora.

Las acciones diversas para desmentir hechos falsos desde la prensa suman a las acciones, pero no tienen en su esencia la fuerza para acabar con el problema, ni podemos esperar que sea ahí donde se solucione. Además, los medios deben lidiar con sus propias dificultades asociadas a los esfuerzos de identificar fuentes de ingresos que respalden un periodismo de fondo que es costoso. Con recursos limitados, la tarea de desmentir los hechos falsos es más compleja.


Cualquier acción efectiva para atacar la desinformación debe considerar, ineludiblemente, que la libertad de expresión debe resguardarse y que las responsabilidades por el abuso deben ser detectadas oportunamente y procederse como la ley, en casi todos los países, dispone. Es decir, no es tanto la ley la que hay que cambiar, sino la capacidad de las instituciones públicas responsables de detectar y denunciar.


Las empresas privadas que se desarrollan a partir de la tecnología, como Facebook y Google pero no exclusivamente estas, las telecomunicaciones y el Internet, deben crear mecanismos que frenen la emisión de informaciones falsas, de forma similar cómo se busca prohibir la circulación de pornografía infantil, por citar un ejemplo. Pueden además contribuir con las entidades públicas responsables de denunciar los abusos, por citar parte de la tarea que deben desarrollar.


La educación es la acción más importante que el Estado debe impulsar para que cada ciudadano aprenda a juzgar, evaluar y actuar conforme. No estamos hablando de una educación clásica, pues ya hemos visto que se cae en el contenido falso independientemente del nivel educativo de la persona. También hemos visto como los líderes políticos pueden convertirse en paladines de la desinformación. La alfabetización digital es una tarea prioritaria.


Al denunciar la información incorrecta, los medios y los periodistas contribuyen con esa acción educativa, por eso, no está de más pensar que las empresas privadas y el Estado pueden contribuir con recursos para que la prensa y los periodistas, que ya de por sí tienen el valor de la credibilidad como norte de su trabajo, cuenten con recursos suficientes para hacer crecer los contenidos de calidad, a partir de datos fiables y denunciando los que no lo son. En cuánto más medios y periodistas tengamos en esa labor, mucho mejor.


Y también pueden participar muchas más empresas y organizaciones, aportando para la sostenibilidad de los formatos de información más responsables con este tema. La tarea es difícil pero es necesaria. Lo requiere nuestra democracia, lo requiere nuestra paz social. Lo urgente no debe atentar contra lo necesario y lo urgente debe dejar tiempo para lo necesario.






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